Desde la Red de Investigadorxs en Juventudes de Argentina, queremos manifestar nuestra preocupación y repudio por la violación de los derechos humanos a que ha sido sometida recientemente una niña de 11 años, en la provincia de Tucumán.
Al mismo tiempo expresamos nuestra solidaridad con quienes buscaron garantizar los derechos de la niña y hoy se ven perseguidos
La niña ingresó en el Hospital “Eva Perón” de la ciudad capital de la provincia con una gestación de 19 semanas producto de una violación y tanto ella como su familia expresaron la voluntad de interrumpir la gestación. Esta decisión está legalmente avalada por lo que establece el Código Penal (Art. 86), el fallo FAL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. Sin embargo, tal decisión fue ignorada y se dilató de manera injustificada la gestación hasta las 24 semanas, obligando a la niña a continuar hasta que se le practicó una cesárea. Tal intervención realizada por el médico José Gigena con asistencia de la médica Cecilia Ousset, quienes debieron afrontar el procedimiento quirúrgico sin demás asistencia dado que el equipo del quirófano se retiró momentos antes de iniciarse la intervención. Como consecuencia de lo expuesto, los profesionales citados afrontan hoy una denuncia por homicidio por parte de sectores conservadores organizados de la Provincia, lo que constituye otra avanzada de los grupos anti derechos que con afán punitivo pretenden limitar la conquista de nuevos derechos. Mientras tanto, estos mismos grupos obstaculizan el ejercicio de los derechos que hace un siglo hemos conquistado. Contra esos grupos, manifestamos nuestro repudio.
La gravedad de la situación involucra y tiene como responsables a distintos actores e instituciones públicas: el Poder Ejecutivo en general y en particular el sistema público de Salud de la Provincia de Tucumán, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Ellos no respetaron la integridad de la niña, violaron el secreto profesional divulgando su historia clínica, la revictimizaron haciéndola transitar una cirugía prolongando una gestación y conociendo los riesgos que tanto una como otra implican, tanto biológica como psicológicamente, para una niña gestante de 11 años y producto de una violación. Este hecho es sin más un acto inadmisible de tortura que debemos repudiar y denunciamos a través de esta declaración.
Exigimos la aplicación de los protocolos correspondientes, que se garantice la integridad de los Médicos actuantes y se respete también el derecho a escolarización de sus hijos.
«Cesárea no es ILE»
Educación sexual para decidir.
Anticonceptivos para no abortar.
Aborto legal para no morir.
13 de Marzo de 2019